La defensa de Pedraza y la patota, en problemas
Hoy declararon Diego Cardías y los funcionarios de Ugofe Carolina Carsetti, Margarita Bertin, Juan Cassarino y Oscar Ces. También declaró Hugo Cisneros, un ex tercerizado de Ecocred, que ingresó a la empresa por recomendación del “Gallego” Fernández.
La mayoría de estos testigos fue presentada por los abogados defensores de Pedraza y la patota. Resulta obvio que consideraban que esos testimonios beneficiarían a sus clientes. El resultado, en cambio, no los dejó bien parados.
La audiencia comenzó complicada para los abogados defensores. La primera declaración que se escuchó en la audiencia fue la de Diego Cardías, un ex tercerizado de Comfer, que al 20 de octubre de 2010 se encontraba despedido. Su presencia en la sala no fue anunciada previamente a las partes, porque se encuentra inscripto en el programa oficial de protección al testigo. Como ocurrió con los demás ´testigos protegidos´, su declaración se desarrolló sin público en la sala. Cardías recibió numerosas amenazas. Las últimas, ya comenzado el juicio. Esas amenazas –como las que recibieron otros testigos, incluida la desaparición de Alfonso Severo- continúan sin esclarecerse. La patota continúa activa.
Cardías relató su versión de los hechos del día 20 y señaló episodios anteriores de aprietes y patoteadas de la burocracia.
Afirmó que Gabriel Sánchez fue quien mató a Mariano y declaró haber visto a un segundo tirador. También explicó los motivos de la protesta: los obreros tercerizados realizaban tareas comprendidas en el convenio ferroviario por un salario ostensiblemente menor. “Ganábamos 2200 pesos, promedio. Con horas extras, podíamos llegar a 2400; algunos meses, caíamos a 1800. En esa época, por el mismo trabajo, los de planta permanente ganaban entre 6500 y 6700 pesos”. Los trabajadores habían comenzado a organizarse por reclamar el pase a planta permanente; lo cual significaba, en definitiva, hacer valer el derecho básico a percibir igual salario por igual tarea. Las empresas contratistas –con el completo acuerdo de la burocracia ferroviaria- tomaron represalias frente a ese movimiento que crecía, y despidieron a varias decenas de trabajadores. Ellos fueron el motor fundamental de la movilización de aquel 20 de octubre.
Cardías dijo que, camino a Avellaneda, cerca de las nueve y media de la mañana, pasó por los talleres de Remedios de Escalada y vio en la puerta a “Pablo Díaz, con la patota. Estaba con Aldo Amuchástegui , Sánchez, Daniel Bazán… Cuando llegué a Avellaneda ya había un grupo de ellos”. Relató que, cuando la columna de tercerizados y militantes comenzó a marchar, vio al hijo del ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, presente en el lugar. “Le dije al hijo de Luna, por qué teníamos que llegar a esto, si lo que tenían que hacer era darnos trabajo… No me contestó nada y se metió en la comisaria”. También afirmó que había policías de civil y que, cuando algunos intentaron escalar el terraplén y alcanzar las vías, fueron agredidos a piedrazos por la patota y reprimidos por la policía.
Sobre la embestida final contra los manifestantes -que ya habían dado por concluida la manifestación y se retiraban en sentido contrario a las vías- Cardías dijo que la encabezaron los imputados Gabriel Sánchez y Daniel González, más un tercero de apellido Arias. Afirmó ante el tribunal que Sánchez se agazapó detrás de un árbol y comenzó a disparar, y que en ese momento vi a Mariano recibir el tiro en el estómago. Cardías también señaló a otro tirador, vestido con camisa blanca y mangas cortas, ubicado en el medio de la calle. “Yo sabía que era Sánchez, pero no lo dije en la fiscalía porque tenía mucho miedo. Lo de Mariano me dejó muy mal”. Recordó que Mariano fue quien pintó la bandera de los tercerizados con sus consignas.
Luego, Carolina Carsetti, secretaria administrativa de los talleres de Escalada, describió cómo fue autorizada la salida de más de 80 empleados para concurrir a Avellaneda. Dijo que el delegado (y jefe de sector) Aldo Amuchástegui le entregó una hoja manuscrita con un título elocuente: “personal que concurre a Avellaneda por corte de vías”. Esa lista era girada por mail a la gerencia de recursos humanos de Ugofe. “Me llamó la atención que la orden fuera que los empleados que se retiraban no ficharan la salida”.
A continuación, declaró Margarita Bertin, jefa de selección de personal de Ugofe desde el 2007. Mantuvo una entrevista laboral con Cristian Favale el 18 de octubre y lo derivó a entrevistarse con el jefe del sector de material rodante de los talleres de Escalada. Esa cita se concretó al día siguiente, veinticuatro horas antes del crimen de Mariano. Reconoció que la postulación de Favale –que venía recomendado por la Unión Ferroviaria, específicamente por “El Gallego” Fernández- fue rechazada luego de que se supiera que estaba involucrado en la causa por el crimen de Mariano. El nombre de la testigo aparece mencionado en una de las escuchas judiciales que forman parte de las pruebas del juicio. Allí, el gerente de recursos humanos de la empresa, Héctor Messineo, complota con Fernández para hacer ingresar 70 “suyos”, entre los más de 1500 tercerizados que pasarían a planta. “En la volada, nadie se va a dar cuenta”, le dice Messineo, quien aclara también que “el tema lo vengo llevando con Margarita”.
El jefe de material rodante que entrevistó a Favale, Juan Cassarino, declaró inmediatamente después. Dijo que por los conocimientos que decía tener, Favale no era útil para su sector e hizo lo posible por desvincularse él y a Ugofe de la salida de empleados del taller.
Afirmó que los empleados eran convocados por los delegados de la Unión Ferroviaria y que no requerían de su autorización; que, en todo caso, correspondía a Belgrano S.A. -la empresa estatal residual a través de la cual se canaliza el pago de los salarios y que formalmente es la empleadora de los ferroviarios del Roca- adoptar las decisiones. Pero finalmente reconoció que autorizó a Amuchástegui a utilizar el comedor del taller para reunir al día siguiente a los que habían participado de la patota, en un espectro de asamblea que intentó sellar un pacto de silencio.
Oscar Ces, gerente de administración de contratos de Ugofe desde 2008, volvió sobre la descripción del mecanismo de los ´concursos privados´, para la tercerización de las tareas de vía y obra, limpieza y seguridad: “se hacía una selección privada, se veía quién tenía el mejor precio, y se invitaba a las otras a igualar precios teniendo en cuanta la cantidad de trabajo”. El ingeniero Ces sorprendió a todos cuando explicó delante del tribunal que el procedimiento para la contratación de las tercerizadas fueron elaborados por Ugofe misma, y avalado por la Secretaría de Transporte. Es decir, la empresa dictaba su propia legislación. Este sólo hecho alcanza para procesar a todos los empresarios y funcionarios que participaron, por defraudación e incumplimiento de deberes.
El ingeniero Ces dijo que la ´cooperativa´ Unión del Mercosur era una de las empresas subcontratadas por Ugofe, pero dijo desconocer si ésta tenía vinculación con la Unión Ferroviaria. ¿Por qué fue ´seleccionada´ para participar de los ´concursos´, entonces, si no tenía experiencia previa, de acuerdo a lo manifestado por el testigo? “Creo que porque tenía personal que había sido ferroviario”. “Unión del Mercosur empezó a trabajar en el Roca en julio de 2007, cuando empezaron las contrataciones”. Ces reconoció que Herso –una de las empresas subcontratadas para vía y obra y una de las más importantes de las tercerizadas, que aún hoy presta servicios en la línea Roca- pertenece al grupo Emepa (Ferrovías). Explicó que la utilidad que percibe Ugofe se compone de un fideigerenciamiento –que constituye un monto fijo- más el 6% de los del presupuesto mensual, que –en ambos casos- provee el Estado. El Estado, además, paga todos los salarios de planta a través de la empresa Belgrano S.A., como apuntamos más arriba. Ugofe también embolsaba lo recaudado por boletería y otras explotaciones aledañas al ferrocarril (locales comerciales, publicidad, etc). A esto, debe sumarse la ´utilidad´ que le reporta la ´subcontratación´ de empresas que pertenecen a los mismos grupos económicos que componen Ugofe. Además, claro, del fraude que se realizaba con la liquidación de haberes, denunciado por el ex empleado José Luis García. El Estado pagaba todo, y es este mismo esquema el que todavía permanece en pie en el ferrocarril.
Sobre la actitud del sindicato, el ingeniero Ces fue franco sólo a medias: “la Unión Ferroviaria nunca se opuso al proceso de contratación”, afirmó.
El último en declarar Hugo Cisneros, un ex empleado de Ecocred que ingresó a esa tercerizada por recomendación del “Gallego” Fernández. Estuvo afiliado y fue delegado por el sindicato de maestranza. Conoció a Favale cuando éste trabajo también en esa empresa. Los defensores lo llevaron para ´hablar bien´ de las tercerizadas y de la Unión Ferroviaria. Cisneros ya había jugado ese rol lamentable en algún programa de televisión, apenas ocurrido el crimen de Mariano. Ahora que pasó a planta, fue cooptado por la burocracia de la UF. Los defensores lo llevaron al estrado para reivindicar las ´gestiones´ de Pedraza y Fernández a favor de los tercerizados. Cisneros no pudo citar una sola. Su testimonio se derrumbó rápidamente. Al final, le leyeron un fragmento de las escuchas judiciales, en el cual “El Gallego” Fernández lo ´instruye´ acerca de lo que debe decir frente a las cámaras de TV, y acerca de cómo decirlo.
Estos son los testigos que supone venían a ´defender´ a Pedraza. El sábado anterior a esta audiencia, 20 mil personas clamaron en Plaza de Mayo por perpetua para él y su banda. Para la agencia estatal Télam –que ahora está en manos de La Cámpora, esos chicos que hacían cursos de ´formación sindical´ con Pedraza- fueron apenas “casi dos mil” manifestantes.
Una cosa es el relato, y otra es la historia real y concreta.
El juicio se reanuda el martes 23.
Para comunicarse: potigre@yahoo.com.ar
Luis Antón: 1561076227
Martín Silva: 1569464740
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