Las patas cortas de la mentira
Hoy declararon sólo cuatro de los siete testigos convocados. De los tres restantes, dos fueron desistidos y una tercera –Gabriela Cavazza, funcionaria de la subsecretaría de Transporte Ferroviario-, no pudo ser hallada en ninguno de sus domicilios declarados. Los dos testigos desistidos fueron el policía Claudio Capucio –solicitado por la fiscal, participó de alguna diligencia en un tramo de la investigación pero su testimonio no era relevante- y Julio Aceguín, testigo de las defensas que no declaró durante la instrucción, de ocupación desconocida.
En cada audiencia, los abogados defensores desisten de al menos dos o tres de los testigos que ellos mismos propusieron antes del inicio del juicio. Por caso, dieron de baja a todos los integrantes de la patota que identificó Jorge Hospital –militante de Causa Ferroviaria y compañero de Mariano- cuando declaró. Los que bramaban “ahora va a escucharse la verdad completa”, recularon como pichones. Todos los testimonios de los manifestantes, de los ´arrepentidos´ de la patota, de los trabajadores de la zona, de los transeúntes a los que les tocó presenciar los hechos, y hasta de varios policías, fueron concluyentes a la hora de describir el ataque criminal de la banda de Pedraza.
Por otra parte, con los funcionarios de Ugofe y los miembros del secretariado nacional de la Unión Ferroviaria que sí declararon, no les fue mejor. Todos ellos tienen un defecto ´congénito´: mienten, y por eso no resisten el menor interrogatorio de los acusadores. Por eso mismo, los acusados prefirieron permanecer en silencio desde el inicio del juicio. Proclaman su inocencia desde cartas públicas y solicitadas en los diarios, pero no han abierto la boca en la sala de audiencias. Las pruebas en su contra son abrumadoras. Su última esperanza está cifrada en arrancarle algún compromiso de impunidad al poder político.
El primer testigo de la audiencia de hoy fue Pablo Oscar Díaz, jefe de relaciones laborales de Ugofe. Ocupa ese puesto desde 1998, cuando la concesión estaba todavía en manos de Tasselli. Preguntado por las generales de la ley, admitió conocer a buena parte de los acusados, no sólo a Pedraza y Fernández, sino también a varios miembros de la patota.
Díaz se encarga, entre otras cosas, de la administración del régimen disciplinario de la empresa. Por sus manos pasaron las sanciones contra Jorge Hospital, Diego Cardías y otros activistas del Roca. Un complemento administrativo de las intimidaciones que la burocracia ejerce a tiros y trompadas.
El testigo mintió en cantidades industriales, hasta en los detalles. Negó tener conocimiento de personas y situaciones cuando las escuchas judiciales acreditan lo contrario. Díaz, por ejemplo, participó de un almuerzo, posterior al crimen de Mariano, junto a Fernández y Karina Benemérito y representantes de los otros sindicatos ferroviarios, donde gerentes y burócratas analizaron juntos el pase a planta de los tercerizados y pergeñaban maniobras para ´administrar´ su ingreso. Díaz también se refirió a la bolsa de trabajo que administra la Unión Ferroviaria. Sostuvo que nunca se suscitó ningún conflicto alrededor de ella. Otra falsedad: la agrupación Causa Ferroviaria encabezó importantes movilizaciones de obreros del Roca para exigir que, a través de esa bolsa de trabajo, ingresaran los hijos de los ferroviarios, y no más matones y punteros de Pedraza y Fernández.
Por otra parte, este Pablo Díaz (homónimo del detenido, no confundir) admitió –aunque fue muy impreciso- que la empresa estaba al tanto de la movilización de los tercerizados que se realizaría el 20 de octubre. Díaz recibió un correo electrónico el día de los hechos, cuyo asunto rezaba “Retiro de personal por corte de vías”, acompañado de un listado de empleado de los talleres de Escalada. No pudo explicar por qué no le llamó la atención que los delegados convocaran a empleados de los talleres a un corte de vías de los tercerizados… Admitió que el retiro de personal en horario laboral a instancias del sindicato era, si no una práctica frecuente, al menos habitual. “El sindicato avisa de la gente que se va a retirar y la empresa toma debida nota. Se descuenta el día o no, según el caso”. Citó como ejemplos las ´movilizaciones´ a los actos de CFK y La Cámpora en Huracán, y el de CFK y Moyano en River. En ninguno de los dos casos, se les descontó el día a los trabajadores que participaron, a diferencia de lo que ocurrió el 20 de octubre, que sí se aplicaron descuentos -aunque no sanciones. La diferencia radica en que, consumado el hecho criminal, los empresarios decidieron preparar su propia coartada.
Aquel 20 de octubre, Díaz concurrió a la estación Avellaneda. Se encontró allí con Hourcade, Vitali y otros dos jerarcas de Ugofe. A pesar de que la patota todavía se encontraba sobre las vías, y que pocos minutos antes habían apedreado a los manifestantes, los cinco resolvieron retirarse del lugar para irse a almorzar…
Este Pablo Díaz, al igual que su tocayo, es firme candidato a parar en prisión.
Por último, el abogado Freeland le exhibió al testigo diversas actas con las que pretende respaldar una tesis casi infantil: que la Unión Ferroviaria bregaba por el pase a planta de los tercerizados (como si la premeditada agresión con armas de fuego que le costó la vida a Mariano y severas heridas a Elsa Rodríguez y otros manifestantes diera lugar a alguna duda de su violenta oposición). Los intentos del abogado defensor son estériles: las actas que hablan de “pase a planta” de los tercerizados son anteriores a la llegada de Ugofe y al inicio de actividades de la ´cooperativa´ Unión del Mercosur -la empresa tercerizada que explotaban Pedraza y su entorno. Durante la gestión de Tasselli, se desarrolló un potente movimiento de tercerizados que culminó –cortes de vías mediante- en el ingreso a planta de todos, o al menos de gran parte de ellos. Con Ugofe, el régimen de la tercerización volvió y alcanzó su máximo esplendor. A partir de allí, la UF jamás volvió a hablar de pase a planta; a lo sumo, de equiparación salarial –dejando a los tercerizados fuera del convenio ferroviario; es decir, de conquistas elementales como la estabilidad laboral. La Unión Ferroviaria dejó asentado en las actas, eso sí, –con la firma de Pedraza inclusive- que los tercerizados ´no son empleados ferroviarios´.
El siguiente testigo fue Néstor Hernández, director médico del hospital Argerich. Fue citado por la defensa del imputado Uño, que busca descargar sobre los compañeros de Mariano y Elsa supuestas negligencias por las condiciones de traslado de ambos, que se encontraban en situación desesperante. Fracaso total. La defensa de Uño jugaba su última carta, luego de las contundentes declaraciones del conductor de la ambulancia, del médico y militante Leonardo Wul y de los numerosos compañeros que se afanaron por brindarles a Mariano y Elsa toda la asistencia que pudieron, mientras el 911 y la policía miraban para otro lado.
Hernández dijo que Mariano ingresó muerto a la guardia del hospital. También aclaró que no había ninguna situación de ´colapso´ en la guardia, como mintieron miembros de la patota. Ellos dijeron que trasladaron allí a dos supuestos heridos de su bando, pero que se retiraron porque no los podían atender y que finalmente les hicieron las curaciones en la guardia médica de la empresa, en Constitución. Como vino a poner en claro el testigo, los patoteros huyeron despavoridos del hospital ante el vuelo que cobraba la denuncia de la agresión criminal que acababan de protagonizar.
El siguiente testigo, José Sineriz, terminó de hundir la coartada de Gustavo Alcorcel. No tanto por la pericia del interrogatorio de los fiscales –que fue absolutamente correcto- sino por torpeza de su abogada defensora. Sineriz compartía una flota de teléfono con un grupo de hinchas de Temperley. Entre ellos, Alcorcel. Empezó diciendo que no recordaba el número que tenía el imputado; cuando se lo leyeron, dijo que “podía ser”. Cuando la defensora intentó un “¿puede ser que ese equipo lo tuviera otra persona?”, el testigo fue contundente: “no, ahora recuerdo perfectamente que era el que tenía él”. Desde ese teléfono, Alcorcel se comunicó varias veces con Favale, Díaz y otros implicados el día mismo de los hechos, en diferentes horarios.
El último testimonio fue tan breve como contundente. Leandro Tamame, militante del Partido Obrero de Almirante Brown, se unió a la movilización prácticamente en el mismo momento en el que se produce la primera agresión de la patota. Se retiró junto a la columna sobre la calle Luján y permaneció allí un rato mientras se realizaba la asamblea que daría por concluida la jornada de lucha, antes de sufrir la emboscada final.
“Entre la una y cuarto y la una y veinte me fui porque tenía que entrar a trabajar a las dos. Caminé hasta la estación Yrigoyen para tomar el tren a Constitución. Arriba de las vías, sobre el puente, estaban los de la Unión Ferroviaria. Cuando llego a la estación, veo que de un micro escolar color naranja baja un grupo de unas veinte personas. Eran todos chicos jóvenes, vestidos con ropa deportiva. Al frente, dando indicaciones, iba un tipo más grande, tanto por edad y como por contextura. Estaba vestido con una chomba azul y tenía el pelo corto. Yo estaba sacando el boleto y me iba para el andén. El que los dirigía le dijo al guarda: ´venimos a apoyar a los ferroviarios´. Subieron al andén, había más personas esperando el tren. El que iba al frente les dijo a los que lo acompañaban: ´a estas personas no les hagan nada´. Caminaban para el lado del puente. Justo llegó el tren y me fui”.
La defensora de Favale hizo un par de preguntas, pero ante la seguridad de las respuestas de Leandro, prefirió no arriesgarse más.
El juicio continúa el lunes.
Para comunicarse: potigre@yahoo.com.ar
Luis Antón: 1561076227
Martín Silva: 1569464740
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