SCIOLI ESTRENA SU POLITICA DE SEGURIDAD
El domingo 23 de diciembre a las 14:30 fue asesinada en plenavía pública, mientras trabajaba, la vendedora ambulante Sonia Colman, al recibir un disparo de Itaka de un efectivo de la Policía Bonaerense, que perseguía a dos adolescentes ladrones desarmados. Reconocida luchadora socialista, que intervino durante más de veinte años en todas las luchas obreras y populares, Sonia se encontraba trabajando en el cruce de la Ruta 26 con la calle Valentín Gómez - a la altura de la localidad de Del Viso, partido de Pilar - vendiendo palitas y atizadores en la fila de vehículos que esperaban el semáforo.
Allí fue asesinada.
Unos días antes el ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, había declarado como el objetivo estratégico de su cartera, “recuperar el poder de fuego” de la Bonaerense. Con este propósito la jefatura (bajo el nombre de “coordinador”) fue restituida a un hombre de la fuerza.
Es decir, el policía que disparó impunemente contra Sonia Colman - y que permanece en libertad- tenía vía libre para el “gatillo fácil”.
El gobierno Scioli ha estrenado su “nueva” política de seguridad, que es el avance hacia un estado policial.
En la última década hubo más de 2.000 personas asesinadas por el aparato estatal (“gatillo fácil”), y casi el 50 % cayó en la provincia de Buenos Aires (en su inmensa mayoría jóvenes de 15 a 25 años). Un organismo oficial ha denunciado que “en las cárceles de la provincia de Buenos Aires se producen unos 6.000 hechos de violencia anuales…que resultan en no menos de 8 muertos o heridos graves por mes” sin contar torturas, golpizas y vejaciones (Comité contra la Tortura, Comisión de la Memoria PBA, diciembre 2007). El 73 % de presos no tiene condena.
Para el gobierno Scioli es necesario ir más a fondo en este infierno represivo. Por eso promueve “mayor poder de fuego”, “mas policía en las calles” (en una provincia que está entre las de mayor cantidad de efectivos por habitante), “más cárceles” (que son a la vez, otro negocio de la “patria contratista”).
La raíz de la inseguridad pública no está en las capas más explotadas de la población. Está en el estado, en la policía y en la “justicia”, que organizan y protegen los grandes negocios delictivos, desde la prostitución a los secuestros y robos de banco, a través de una red profundamente entrelazada con el aparato político del PJ y de las intendencias. ¿Es necesario recordar Ramallo o los presos liberados por horas para consumar asaltos? No ha sido el PO el que declaró hace un tiempo: “la cadena de corrupción de un policía de alto rango le permite recaudar entre 20.000 y 30.000 pesos por mes”- y esto a valores de un año atrás (Juan Pablo Cafiero, ex ministro de seguridad, La Nación, 8.10.06).
Solá y Arslanian no quebraron este “sistema”, apenas lavaron su cara con depuraciones selectivas y el cierre de ciertos “negocios”. Tampoco lo hará Scioli con su versión renovada de la “mano dura”.
Unos y otros van a fracasar porque tienen como política común “regenerar a la Bonaerense”, no disolverla. No van a desmantelar el aparato represivo y del gran negocio del delito quienes necesitan a las fuerzas de seguridad para reprimir al pueblo movilizado.
Nuestro mejor homenaje a Sonia Colman es desenvolver una política que enfrente esta situación.
Por eso planteamos la formación de una comisión investigadora con la participación de los partidos políticos, organizaciones obreras y representaciones sociales, para sacar a luz el crimen de Sonia y todas las denuncias sobre atropellos y casos de corrupción de las fuerzas de seguridad que ha efectuado la población a través del tiempo. Separación de todos los efectivos inculpados. A la barbarie y la descomposición políticas opongámosle la elección de una fuerza de vigilancia, electa por los vecinos y revocable por ellos, en la que participen dirigentes vecinales, organizaciones obreras y juveniles, movimientos de derechos humanos que vivan en el barrio en que desarrollen su actividad y que rindan cuentas ante asambleas de vecinos.
El domingo 23 de diciembre a las 14:30 fue asesinada en plenavía pública, mientras trabajaba, la vendedora ambulante Sonia Colman, al recibir un disparo de Itaka de un efectivo de la Policía Bonaerense, que perseguía a dos adolescentes ladrones desarmados. Reconocida luchadora socialista, que intervino durante más de veinte años en todas las luchas obreras y populares, Sonia se encontraba trabajando en el cruce de la Ruta 26 con la calle Valentín Gómez - a la altura de la localidad de Del Viso, partido de Pilar - vendiendo palitas y atizadores en la fila de vehículos que esperaban el semáforo.
Allí fue asesinada.
Unos días antes el ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, había declarado como el objetivo estratégico de su cartera, “recuperar el poder de fuego” de la Bonaerense. Con este propósito la jefatura (bajo el nombre de “coordinador”) fue restituida a un hombre de la fuerza.
Es decir, el policía que disparó impunemente contra Sonia Colman - y que permanece en libertad- tenía vía libre para el “gatillo fácil”.
El gobierno Scioli ha estrenado su “nueva” política de seguridad, que es el avance hacia un estado policial.
En la última década hubo más de 2.000 personas asesinadas por el aparato estatal (“gatillo fácil”), y casi el 50 % cayó en la provincia de Buenos Aires (en su inmensa mayoría jóvenes de 15 a 25 años). Un organismo oficial ha denunciado que “en las cárceles de la provincia de Buenos Aires se producen unos 6.000 hechos de violencia anuales…que resultan en no menos de 8 muertos o heridos graves por mes” sin contar torturas, golpizas y vejaciones (Comité contra la Tortura, Comisión de la Memoria PBA, diciembre 2007). El 73 % de presos no tiene condena.
Para el gobierno Scioli es necesario ir más a fondo en este infierno represivo. Por eso promueve “mayor poder de fuego”, “mas policía en las calles” (en una provincia que está entre las de mayor cantidad de efectivos por habitante), “más cárceles” (que son a la vez, otro negocio de la “patria contratista”).
La raíz de la inseguridad pública no está en las capas más explotadas de la población. Está en el estado, en la policía y en la “justicia”, que organizan y protegen los grandes negocios delictivos, desde la prostitución a los secuestros y robos de banco, a través de una red profundamente entrelazada con el aparato político del PJ y de las intendencias. ¿Es necesario recordar Ramallo o los presos liberados por horas para consumar asaltos? No ha sido el PO el que declaró hace un tiempo: “la cadena de corrupción de un policía de alto rango le permite recaudar entre 20.000 y 30.000 pesos por mes”- y esto a valores de un año atrás (Juan Pablo Cafiero, ex ministro de seguridad, La Nación, 8.10.06).
Solá y Arslanian no quebraron este “sistema”, apenas lavaron su cara con depuraciones selectivas y el cierre de ciertos “negocios”. Tampoco lo hará Scioli con su versión renovada de la “mano dura”.
Unos y otros van a fracasar porque tienen como política común “regenerar a la Bonaerense”, no disolverla. No van a desmantelar el aparato represivo y del gran negocio del delito quienes necesitan a las fuerzas de seguridad para reprimir al pueblo movilizado.
Nuestro mejor homenaje a Sonia Colman es desenvolver una política que enfrente esta situación.
Por eso planteamos la formación de una comisión investigadora con la participación de los partidos políticos, organizaciones obreras y representaciones sociales, para sacar a luz el crimen de Sonia y todas las denuncias sobre atropellos y casos de corrupción de las fuerzas de seguridad que ha efectuado la población a través del tiempo. Separación de todos los efectivos inculpados. A la barbarie y la descomposición políticas opongámosle la elección de una fuerza de vigilancia, electa por los vecinos y revocable por ellos, en la que participen dirigentes vecinales, organizaciones obreras y juveniles, movimientos de derechos humanos que vivan en el barrio en que desarrollen su actividad y que rindan cuentas ante asambleas de vecinos.
PARTIDO OBRERO
Pilar
Diciembre 27, 2007
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