jueves, 22 de abril de 2010

El fallo "salomónico" de La Haya

El fallo de la Corte de La Haya estuvo largamente anunciado: Uruguay violó el tratado del Río Uruguay, pero la pastera Botnia seguirá funcionando. El ‘equilibrio’ que pretende la sentencia significa que la instalación futura de pasteras en el lado oriental debería contar con el acuerdo de Argentina. Mientras tanto, el correntino Colombi aprovechó el fallo para anunciar que buscará que las pasteras inviertan en su provincia, que ya cuenta con un amplio desarrollo forestal. Kirchner, por su lado, podrá contar con el voto uruguayo para presidir la Unasur –y convertirse, de paso, en el último ‘candidato testimonial’ del pejotismo.
Los blancos y colorados diseñaron para el Uruguay, hace 15 años, un “futuro forestal” con eje en las inversiones pasteras, con la abierta anuencia del Frente Amplio. La tarea sucia de esa entrada de grandes capitales sólo la podía hacer pasar un gobierno de “izquierda” para las masas populares. Tabaré Vázquez fue la vanguardia de la defensa de Botnia, así como una avanzada del ingreso masivo de los capitales papeleros mundiales. Como lo han denunciado centenares de veces las organizaciones ambientales uruguayas, los grandes terratenientes en Uruguay cambiaron la explotación ganadera y cerealera por la plantación de miles de hectáreas de eucaliptos.
Las multinacionales papeleras se largaron a desarrollar una producción que aun con tecnología de punta es altamente contaminante y tiene que enfrentar las restricciones europeas. En los países periféricos encuentran, además, mano de obra barata y exenciones impositivas absolutas. Fray Bentos se ha convertido en una “zona libre”, que rivaliza cómoda con lo que arrancaron las mineras en Argentina. Botnia convierte a Uruguay en monoproductor para la exportación.
La Corte no podía fallar contra la multinacional de Botnia. Pero le condiciona a Uruguay la penetración de nuevas pasteras a un acuerdo con Argentina por el uso del río. Condicionándole mucho, por la inmensa repercusión política, el ingreso de las multinacionales. Aunque la española Ence parece en retirada luego de un anuncio de inversiones cerca de Colonia y otras dos noruegas, difícilmente se animen ahora a invertir en Uruguay, Mujica alienta abiertamente el ingreso masivo de capitales, a los que ofrece todo tipo de garantías jurídicas.
La Argentina de la demagogia kirchnerista también pierde con el fallo de La Haya. Argentina tiene necesidades inmensas de papel, pero sus papeleras cuentan con una tecnología obsoleta. El gobierno intenta remendar las quiebras de Massuh y Puerto Piray formando cooperativas sin capital. A esto hay que sumar la brutal crisis en Papel Prensa y el cierre virtual de Celulosa de Zárate. La producción de papel sobrevive por las inversiones de los capitales chilenos. A diferencia de Argentina, Brasil ha duplicado sus pasteras en los últimos diez años. El destino de Argentina es la importación y, paradójicamente, de la misma Botnia.
La descalificación del fallo por parte de los asambleístas y del movimiento popular obedece a la razón elemental de que la pastera contamina y no la han cerrado. El piquete ha servido para desarrollar la conciencia ambiental y para desenmascarar al gobierno y a todos los políticos del sistema –en especial a los gobernadores e intendentes de la Mesopotamia. Ha impulsado la lucha contra las mineras y las petroleras en todo el país, y también contra la flexibilización laboral, que es la forma más brutal de destrucción de la naturaleza (humana).
Estamos con la bronca de Gualeguaychú. Estamos con las organizaciones ambientalistas uruguayas silenciadas por el “patriotismo” de los izquierdistas tipo Mujica. Estamos con los que luchan contra la brutal depredación obrera y ambiental en ambas márgenes del Río Uruguay.
Juan Ferro

potigre@yahoo.com.ar

Luis Antón: 1557954670

viernes, 9 de abril de 2010

Por la absolución de los militantes del PO y trabajadores de la lucha de FP

Desde hace cuatro meses, está pendiente una campaña por la absolución de Gudiño y Morales, de los obreros de FP y de los tres militantes del PO –Federico Deccopet, Carlos Súarez y Esteban Zaric.
Estos ataques estaban inscriptos en la política represiva de Scioli, contra el derecho de huelga. El gobierno está dispuesto a utilizar todos los recursos y el poder del Estado para impedir una reacción de los trabajadores. Para ello, vienen aplicando una política de conjunto: las vías administrativas (Suteba), la vía judicial (Fargo, FP, Tatsa, etc.), la gendarmería (en Misiones contra Zeretski, etc.), la militarización y la represión (Kraft) y la censura política a quienes alzan su voz contra este ataque (juicio de Othacehé a Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal).
Con esta artillería, Scioli intenta transformar a los luchadores en delincuentes comunes, como ya lo expresara la fiscal en la causa de FP. La rapidez con la cual está actuando la Justicia en este caso responde a las urgencias políticas del gobierno.
Es necesaria una campaña política centralizada y planificada sobre el movimiento obrero con respecto al juicio de los trabajadores de FP y de los militantes procesados.




6-7-8- Comunicado

“6, 7, 8": un programa de 'bloopers'
La señal estatal encontró, por fin, un programa que hace reír. Los espectadores de "6, 7, 8" se ríen del ridículo que les ha tocado protagonizar a los opositores a K –muchas veces en presentaciones convenientemente "editadas". En esta línea, el programa podría durar toda la vida, porque los dichos y hechos de ex menemistas y ex aliancistas en los últimos años son capaces de suscitar convulsiones de la quijada y provocar hasta la histeria. Pero, ¿y los K? No aparecen ni cuando entregaron el petróleo con Menem, ni cuando apaleaban asambleístas en Río Gallegos o cuando volteaban a sus propios gobernadores como castillos de arena.

Altamira ha contado reiteradas veces que, en un programa que compartió con la que sería la futura Presidenta, Cristina le explicó a la entrevistadora que ya no creía que el imperialismo provocaba las lluvias, como sí lo pensaba en los ’70. Más cerca en el tiempo, la Presidenta mostró el crecimiento de la Villa 31 como la señal inconfundible del crecimiento que experimenta Argentina bajo su gobierno, no hablemos ya del veto a la Ley de Glaciares o de los abrazos del matrimonio con empresarios que apoyaron a la dictadura, que luego se hicieron menemistas y que ahora se reconvirtieron en "burguesía nacional". Todas escenas que bien podrían formar parte de los informes del programa.

La producción se basa en el uso de archivos televisivos que dan cuenta de los dislates de la oposición de derecha, que luego son comentados por un panel fijo e invitados que provienen del campo cultural, del periodismo o la política. El rescate de los archivos que muestran contrasta con la ausencia de crítica a acontecimientos de las mismas características que se producen dentro del gobierno K, que es defendido a capa y espada con una irracionalidad que roza el ridículo. Las imágenes de archivo curiosamente no se detienen en la depredación laboral y ecológica promovida por el gobierno junto a los pulpos mineros, ni en las políticas económicas que benefician a la banca nacional –que los celebra– y no a la clase trabajadora; la inflación, la desaparición de Julio López, la oposición al derecho al aborto, la alianza de los K con los intendentes mafiosos del conurbano y toda la podredumbre de un gobierno nacionalista burgués light que sobrevive a base de manotazos de ahogado. El programa denuncia que los grandes medios ocultan los supuestos "logros" del kirchnerismo. Cuando el ciclo omite las agachadas del gobierno ante el gran empresariado nacional y extranjero, sólo cabe recordar la clásica frase: "De te fabula narratur".

El silencio sobre todas estas cuestiones convierte al gobierno de Cristina en el corolario final al que la población argentina podría aspirar. Los panelistas –progres por excelencia (progres hasta el cliché: las canciones que produce Carlos Barragán llevan el tinte sonoro de la 'bossanova’)– se amparan en el supuesto "enfrentamiento con los grandes poderes". Cada vez que asiste un invitado de la oposición centroizquierdista (o que denuncia las posiciones de la progresía, como el escritor Martín Caparrós o el director de la revista Barcelona, Pablo Marchetti) es sometido a un tribunal inquisidor comandado por el panelista Orlando Barone y la panelista Sandra Russo, quienes –en el más furibundo estilo stalinista, aligerado por la imagen cool que promueve la televisión– no perdonan el pecado de la crítica. No se defienden contra los cuestionamientos a los K: los denigran como una defección a la derecha o una anticuada posición maximalista. La obsecuencia de los panelistas de "6, 7, 8" llega a tal punto que, frente a un informe periodístico que demostró un acto de corrupción menor – pero de envergadura debido a la coyuntura en que se desarrolló (un concejal de Tartagal del Frente para la Victoria se apropió de un aire acondicionado que fue donado en el marco de las inundaciones en la región: monitoreado por el programa "Caiga quien caiga", se determinó la localización del artefacto robado), Barone concluyó que el aire acondicionado había sido enviado a un lugar donde no se necesitan aires acondicionados (debe recordarse, incluso a modo de ilustración de lo ridículo de la indignante defensa del concejal kirchnerista, que en esa región se vive en un clima subtropical).

No debería omitirse que los informes realizados en el programa exhiben dramáticamente el derrumbe de los radicales, los peronistas disidentes, los seguidores de Lilita o cualquier expresión de la oposición al gobierno de Cristina en el Congreso. De cualquier manera, la omisión manifiesta de los informes que señalarían el derrumbe de la política del gobierno K muestra los límites del ciclo televisivo y del sector político que representa: el progresismo. No debe extrañar que al programa no haya sido invitado alguien que pondría como prioridad el ataque al gobierno de los K.

Judas

miércoles, 7 de abril de 2010

MARCHA POR EL JUCIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE MARIANO FERREYRA